Realizan actos por primer aniversario de represión en el Borda

Trabajadores, organizaciones sociales y sindicales e internos del Hospital Borda recordarán mañana y el sábado la represión que realizó la Policía Metropolitana en ese centro de salud el 26 de abril de 2013, luego de que por orden del Gobierno de la Ciudad se derribara el edificio donde funcionaba el Taller Protegido 19.

Lo que sucedió hace un año no fue una represión sino una acción criminal planificada, ya que la policía ingresó a un hospital público para asegurar que una empresa pudiera realizar un trabajo ilegal, como fue la demolición del edificio del Taller Protegido 19", detalló Gabriel Cavia, referente de la Asociación de Profesionales del Borda.

Mañana a partir de las 10 esa asociación, ATE Capital y ATE del Hospital Borda realizarán un acto para recordar los hechos, exigir el procesamiento de los responsables y el desprocesamiento de los trabajadores.

En tanto, el sábado a las 13, organizaciones sociales y políticas y colectivos que trabajan junto a los internos en diferentes espacios marcharán desde la estación Constitución hasta el Borda, donde a partir de las 15 realizarán una radio abierta.

Cavia recordó que en el momento en el que el Gobierno de la Ciudad ordenó demoler ese edificio, al que asistían los internos a realizar talleres de oficios como carpintería o herrería, estaba vigente una medida cautelar que establecía "no innovar", es decir, que "no se podía realizar ninguna acción en el predio".

"Es importante remarcar esto porque los palazos, golpes, gases y balas que sufrimos los trabajadores, los internos, los periodistas que estaban cubriendo los hechos y las personas que se acercaron a solidarizarse, fueron en el marco de la más absoluta ilegalidad y no tenemos ningún responsable preso", sostuvo.

En diciembre, el juzgado de primera instancia sobreseyó al jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, a la vicejefa María Eugenia Vidal, al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, a los ministros Daniel Chain (Desarrollo Urbano), Gabriela Reybaud (Salud) y Guillermo Montenegro (Seguridad) y al jefe de la Policía Metropolitana Horacio Giménez, entre otros funcionarios.

Mientras que resolvió mantener procesado en la causa como presunto responsable sólo al oficial de la Metropolitana Martín Roth, que estaba al frente de un grupo policial.

"Todos estaban imputados por los delitos de abuso de autoridad, lesiones leves y graves, incluso la misma vicejefa de Gobierno, que estuvo con el jefe de la Policía Metropolitana minutos antes de la violenta reacción que se ejerció contra trabajadores, pacientes, periodistas y legisladores", dijo Cavia.

En marzo, el fiscal de la causa apeló la resolución y ahora es la Sala IV de la Cámara del Crimen la que debe decidir si los sobreseimientos dispuestos por el juez López se revierten o quedan firmes.

En tanto, el mismo magistrado determinó el procesamiento de seis trabajadores a quienes imputaron diferentes delitos, entre ellos a Daniel Catalano, secretario de ATE Capital, a quien acusaron de "Robo con grado de tentativa y lesiones", que puede derivar en cuatro años y dos meses de prisi